El complejo debate sobre la regulación de las redes sociales
El conversatorio “Redes sociales: ¿regular o no regular”, organizado por el C3, reunió a diversos especialistas para discutir los retos y huecos de las propuestas.
Aleida Rueda
12 de abril de 2021
En febrero de 2021, luego de que Twitter suspendiera la cuenta de Donald Trump, el Ejecutivo mexicano mandó a hacer un estudio motivado por algunas preocupaciones sobre el amplio poder que habían adquirido las redes sociales; ese estudió terminó convirtiéndose en dos propuestas elaboradas por dos legisladores mexicanos que buscan regular las redes sociales en México.
Como era previsible, las propuestas han detonado diversas reflexiones. Y algunas de ellas fueron puestas a discusión el pasado 19 de marzo de 2021 en el conversatorio virtual “Redes sociales: ¿regular o no regular”, organizado y moderado por Amada María Arley, investigadora asociada del C3, en el que participaron Juan Luis Conde, jurista fundador del despacho de abogados Novus, y Ana Paula Rumualdo, especialista en ciberseguridad y miembro del despacho en asesoría jurídica Hogan Lovells.
También participaron Jonathan G. Garzón, abogado y jefe de innovación Cecoban, empresa especializada en fianzas y tecnologías de la información, así como Daniela Ramos Estefan, abogada comercial de la firma y despacho jurídico Índigo legal.
Aunque las propuestas para regular las redes sociales establecen que sus propósitos no son restringir la libertad de expresión, sino poner límites sobre las prácticas, suspensión y eliminación de cuentas en estas plataformas, para los especialistas estos intentos incluyen modificaciones, principalmente a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que afectarían a los usuarios, de maneras diferentes.
En este conversatorio, todos los participantes estuvieron de acuerdo en que las regulaciones son necesarias debido al tipo de contenido de algunos usuarios, su alcance que tiene con las grandes masas y los derechos que tienen empresas como Facebook, Twitter o Instagram sobre la información de sus usuarios, pero no hay consenso sobre cómo debería hacerse esto en material legal.
Para entender la relevancia de la decisión, Ana Paula Rumualdo lo pone en términos muy simples: Es como si las redes sociales fueran un lugar público, como el Zócalo capitalino, “pero si el Zócalo fuera de (Carlos) Slim entonces ¿qué pasa ahí?”, se cuestiona. De acuerdo con ella, las redes sociales son un ‘espacio’ donde las personas desarrollan su vida y pasan la mayor parte de su tiempo, pero es un espacio privado, que le pertenece a alguien más y que en cualquier momento puede imponer sus reglas. Por eso no es una discusión trivial.
A esta discusión hay que sumarle otro debate internacional. En 2016, Organización de las Naciones Unidas declaró el Acceso a la Información como un derecho universal, estableciendo que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Para los especialistas del conversatorio esta cuestión deriva en interesantes discusiones: si el acceso a la información y la difusión de la misma se da, en buena medida, a través del Internet, ¿debería ser éste considerado también como un derecho fundamental? En realidad, ni siquiera a nivel internacional hay consenso al respecto.
Según datos de Our World in Data y Data Reportal , desde 2005 el número de internautas se cuentan por millones, pues cada día a partir de ese año se conectan por primera vez 640 mil personas. El número de usuarios de internet a nivel mundial pasó de 413 millones en 2000 a más de 3.400 millones en 2016, mientras que en 2020 se registraron 4.500 millones de personas en la web.
Pero no todas las redes tienen el mismo peso. Aunque hay más de 1.820 millones de sitios en la web, Facebook es el más grande del mundo con 2.400 millones de usuarios hasta 2018; y le siguen otros como WhatsApp, YouTube, Twitter, WeChat e Instagram.
En México poco más del 70 por ciento de los ciudadanos tiene acceso a internet, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística ( Inegi ) en 2019, lo que principalmente hacen los mexicanos con este servicio es entretenerse, obtener información, comunicarse y acceder a redes sociales, en ese orden.
El celular es el principal medio por el cual acceden 86.5 millones de mexicanos, de los cuales 44.7 son mujeres y 41.8 son hombres. Según la analista de datos Statista , Facebook es la red social con mayor número de usuarios en el país, seguido por WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn.
El creciente número de usuarios interactuando en estas redes sociales propicia la gran disyuntiva: si se decidiera regular las redes sociales, ¿qué debería hacerse exactamente?: ¿regular las conductas de los usuarios, los términos y las condiciones de uso? ¿Regular a los dueños de las plataformas? ¿O regular a los líderes de opinión que pudieran ser un riesgo para la sociedad? Cada una de las rutas exige reflexión.
El primero paso: definir “red social”
Para Rumualdo, antes de pensar en la regulación de redes sociales es necesario tener claridad sobre el concepto y los tipos de red social que se pretende regular. “Esos conceptos son fundamentales para empezar a construir cualquier tipo de entendimiento o un entendimiento complejo como es el diseño de una regulación”, dijo.
La Real Academia Española ( RAE ) define a una red social como un “servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet para que estos generen un perfil con sus datos personales, facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de sus usuarios”.
De acuerdo con Rumualdo, esta definición resulta incompleta porque solo hace referencia a lo que uno puede encontrar en una red social, es decir, mensajes, videos, fotos y una variedad de archivos, pero otras plataformas más sofisticadas como: YouTube, LinkedIn, Discord, Twitch, 4Chan, entran en esas categorías cuando en realidad se distinguen por sus públicos y sus servicios.
Esto es un problema porque cada plataforma tiene diferentes consumidores y maneja información de diferentes datos de su vida; por ejemplo, LinkedIn reúne datos laborales y académicos de sus usuarios para enlazarlos con posibles empleadores, mientras que otras redes como Facebook pueden tener datos personales que pueden ayudar a la red a identificar los patrones de consumo de las personas.
Una regulación que considere a todas las plataformas como una sola red social limitaría el contenido específico de estas plataformas especializadas debido a la generalidad del concepto. “Tendrían que tener un piso parejo”, dice la especialista. Para regularlas, es necesario conocer cada red social e identificar qué conductas son admisibles o no.
Regular para limitar el control de los dueños de las plataformas
Para el abogado especialista en tecnología, Jonathan G. Garzón, lo necesario sería regular las facultades que tienen los dueños de las plataformas sobre la información y el contenido que crean los usuarios. “Siempre decimos que la tecnología es neutra (…) pero el tema es que la plataforma no es neutra, toma decisiones”.
Eso es importante porque estas plataformas tienen el control de la información de los usuarios. Por ejemplo, los términos y condiciones de Facebook establecen que la plataforma ayuda a conectar a los usuarios con grupos, personas y productos con base en sus interacciones, como likes y comentarios, lo que quiere decir que esta red decide qué te muestra con base en lo que hacen en ella.
“Tú supones que admites con quién quieres compartir información, admites quién quieres que vea tu información y de quién quieres ver su información, (pero) no necesariamente eso pasa”, declara Garzón.
El abogado señala que si hay algún organismo que deba regular a “las redes sociales” debe considerar que estas no son herramientas objetivas, puesto que te muestran contenido con base en su algoritmo; además, cada una de las plataformas tienen sus propias reglas con las que decide cómo operar con la información y las conductas de los usuarios.
Esto quiere decir que las compañías como Facebook, Twitter o Instagram tienen protocolos para eliminar, divulgar, suspender datos y cuentas dentro de sus propias plataformas.
Así que las propuestas de regulaciones en materia legal de este tema, según Garzón, deben contemplar a los proveedores de estos servicios. “No porque estas reglas se hayan puesto quiere decir que quien las interprete también va a ser siempre el proveedor de la plataforma. Le estamos dando facultades de justicia a estos proveedores para que decidan qué sí y qué no”.
Regular para limitar el impacto de los líderes de opinión
Otra ruta consiste en regular el alcance que tienen las publicaciones y su impacto en los demás cibernautas, particularmente cuando vienen de líderes de opinión. Para la abogada Daniela Ramos Estefan, esa podría ser una vía que permitiría limitar el impacto de líderes de opinión que pudieran poner diseminar información ofensiva, polarizante, o que ponga en riesgo la salud, la seguridad o el bienestar de otros usuarios.
Para ella, “figuras como presidentes, secretarios de estado, gobernadores, al emitir una opinión, por el cargo que tienen, pueden tener un impacto mucho más fuerte a nivel social”, por eso “esta participación debe de estar mayormente regulada”, explica.
Probablemente no hay mejor ejemplo de estas figuras públicas que Donald Trump. En 2015, el expresidente tuiteó: “Los Oscar fueron una gran noche para México y por qué no, si están destruyendo a EU más que a cualquier otro país”. A ese tuit le siguieron varios otros que promovían los estereotipos e incitaban el odio contra los mexicanos.
“Tienen que estar (regulados), por el cargo que tienen, de alguna manera limitada. Si van a poder tener una opinión también es importante que la justifiquen, de lo contario se puede llegar al punto de difamación, y honestamente creo que una de las consecuencias es que también la gente cada vez menos sabe si lo que está leyendo es real o no”, dice Ramos.
Regular para que los usuarios sean los responsables de sus acciones
Finalmente, para el jurista Luis Conde, el foco de las propuestas para regular las redes sociales debería estar centrada en las conductas de los usuarios. “Debemos apelar a las conductas y no tanto a las plataformas”, como ya se ha hecho en otros países.
Por ejemplo, en 1996 en Estados Unidos se aprobó la Sección 230 de la Ley de Decencias en las Comunicaciones, la cual libra a las plataformas en línea de la responsabilidad civil de lo que publican los usuarios y les otorga la facultad de eliminar contenido en ciertas circunstancias, es decir, si un cibernauta comete fraude o alguna actividad ilícita en la web, estos sitios se deslindan del problema y quien responde ante la ley es el usuario.
Esta regulación ya la ejercen algunas plataformas con cibernautas en todo el mundo. En sus términos y condiciones, Facebook establece que, si encuentra “conductas dañinas hacia los demás” dentro del muro o comentario de algún usuario, ya sea en forma de videos, audios o escritos, puede eliminar contenido, restringir el acceso a ciertas funciones, inhabilitar cuentas o comunicarse con otras instituciones u organismos de seguridad para regular estas actividades fraudulentas.
“Lo que dice esa sección 230 es: las redes sociales no van a ser responsables del contenido que publican sus usuarios, si un usuario comete un fraude a través de la red social, el responsable es el usuario, no la red social (…) este concepto es la piedra angular que hace que las redes hoy puedan funcionar”, puntualiza Conde.
“Lo que dice esa sección 230 es: las redes sociales no van a ser responsables del contenido que publican sus usuarios, si un usuario comete un fraude a través de la red social, el responsable es el usuario, no la red social (…) este concepto es la piedra angular que hace que las redes hoy puedan funcionar”, puntualiza Conde.
“Lo que dice esa sección 230 es: las redes sociales no van a ser responsables del contenido que publican sus usuarios, si un usuario comete un fraude a través de la red social, el responsable es el usuario, no la red social (…) este concepto es la piedra angular que hace que las redes hoy puedan funcionar”, puntualiza Conde.
“Es cierto que hay muchas conductas que ya están reguladas, pero yo creo que es un error pensar que porque la conducta está regulada ya tenemos la tarea hecha”, puntualizó Rumualdo.
Las dos propuestas para regularlas
A pesar de la complejidad del debate y las múltiples aristas y consecuencias de cada decisión, los especialistas coinciden en que las propuestas elaboradas por los legisladores mexicanos son limitadas y no explican a detalle cómo harán esta regulación.
La primera propuesta de regulación, realizada por el senador de Morena Ricardo Monreal, busca “establecer límites claros a los propietarios de las mismas respecto de la suspensión y eliminación de cuentas, aportando a la seguridad jurídica de usuarios y prestadores del servicio”, según el propio el documento.
Esta propuesta pretende “regular las conductas de las empresas que administran la plataforma, y en este caso muy concreto en cuáles son las razones por las cuales te pueden revocar una licencia de uso”, señala Juan Luis Conde.
La licencia de uso es el derecho que te da una empresa de usar sus productos o servicios, que en este caso son las redes sociales, siempre y cuando no rompas ninguna regla de sus términos y condiciones, ya sea con contenido ofensivo, desinformativo o amenazante.
“Porque cuando tú incumples las reglas de esa licencia -continuó-, pues te cancelan la cuenta, te revocan la licencia de uso y entonces lo que tenemos que regular es si debe una ley obligar a una empresa a poner ciertas reglas en sus términos y condiciones y /o a ejercerlas de cierta manera”.
La segunda propuesta, elaborada por el diputado de Morena, Javier Ariel Hidalgo Ponce, busca normar todo el servicio digital de internet, es decir todas las plataformas dentro de la web, independientemente de que sean consideradas redes sociales o no.
“Es necesario no regular el discurso permitido en internet, pero sí las prácticas de aclaración que tienen las empresas para la moderación de contenidos, en beneficio de la experiencia de los usuarios digitales”, según el propio documento.
Mientras que la propuesta de Monreal está enfocada en regular las conductas de los usuarios y no a los proveedores de servicios de las redes sociales; la segunda busca regular todo servicio digital que se ofrezca en Internet y a los dueños de estas plataformas web.
Para Paula Rumualdo, ninguna de las propuestas aborda toda la complejidad de la decisión. “No estamos bajando el debate a que sea una solución binaria: sí regulamos, no regulamos; sino que hay un montón de cosas que se tienen que analizar para decidir si se regulan o no se regulan”, expresó.
Para la organizadora del conversatorio, Amada María Arley, aunque la iniciativa tiene la buena intención de generar mecanismos para que los usuarios que no estén de acuerdo en que se les cierre su cuenta tengan acceso a justicia pública y privada, en la práctica el procedimiento para lograrlo resultaría poco eficaz dado que propone hacerlo a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“El IFT es una autoridad administrativa que no tiene fuerza vinculante, no cuenta con personal humano para responder en 24 horas (como propone la iniciativa) a las quejas que se dispararían en contra de diversas plataformas (Uber, Airbnb, MercadoLibre, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, etc). Esta es la verdadera problemática para el usuario o consumidor de redes sociales: las normas deben de buscar ser eficaces en la esfera jurídica de los individuos”, explicó Arley.
Aunque ninguna de las propuestas ha sido aprobada por la Cámara de Diputados ni por la de Senadores, Garzón considera que ya hicieron algo importante: poner en discusión el impacto que tienen las redes sociales en la vida de los mexicanos.
“Lo primero que debemos entender es que esta reforma, el contenido de la misma, aunque pueda ser criticable, hizo algo: nos puso a todos a pensar si los alcances de los servicios o de los grandes tecnológicos hoy pueden afectar nuestra libertad de expresión (…) y si por tal motivo debemos poner ciertas limitantes a su actuación”.